La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que Fernández Liñares se aprovechó de su cargo como concejal, entre los años 1999 y 2008 para “tejer una red de intereses económicos, concediendo contratos, puestos de trabajo o bien la gestión de servicios públicos a entidades en las que el acusado estaba interesado”, a cambio “de sobornos o de cantidades periódicas con las que incrementó notablemente su patrimonio”.
Con todo, aclara que estas “irregularidades” cometidas durante su etapa en el ejecutivo local “no son objeto de investigación” en este procedimiento, que se ciñe a su etapa al frente de la CHMS, un cargo que ocupó desde principios de 2009 hasta finales de febrero de 2012. Durante ese tiempo, siempre según las conclusiones de Fiscalía, Fernández Liñares continuó con las prácticas que había mantenido en sus años de responsable local, valiéndose de su puesto para entregar contratos a sociedades y empresas a cambio de dinero u otros favores.
El Ministerio Público sostiene que el acusado empleaba el procedimiento de adjudicación negociado que, según la Ley de Contratos del Sector Público, permite contratar obras con un presupuesto inferior a un millón de euros siempre y cuando se solicitaran en el proceso, por lo menos, las ofertas de tres empresas. Según Fiscalía, Fernández Liñares tejió una trama con representantes de varias entidades para adjudicarles los contratos al precio más bajo para la confederación.
DEFENSA
La defensa de Francisco Fernández Liñares volverá a exponer, entre otros argumentos, la nulidad de las actuaciones, al considerar que la instrucción de la causa está viciada, porque cuando el suyo patrocinado prestó su primera declaración lo hizo en una situación procesal irregular, dado que se excedió el tiempo de detención legalmente previsto, que es de 72 horas.
