Adega y vecinos de Xemil reclaman la paralización de una explotación minera
Adega y el vecindario de Xemil (Bretoña, Pastoriza) reclaman a la Consellería de Economía e Industria a paralización inmediata de la explotación minera de Pizarras Universal, ante los reiterados incumplimientos legales y ambientales detectados en la actividad.
La comunidad de montes Coto das Louseiras recuerda que el contrato de alquiler con la empresa finalizó en abril de 2025 y que ya había sido comunicada previamente su decisión de no renovarlo, al solicitar el abandono de los terrenos y la restauración ambiental de la zona. Sin embargo, la empresa continúa a explotar el monte aun habiendo caducado el contrato de alquiler.
Segundo denuncian Adega y el vecindario, la actividad minera supera ampliamente la superficie permitida por la declaración ambiental, que llega a ocupar más de 40 hectáreas cuando solo tenía autorizadas algo más de 10. "Esta sobreocupación, que podría rondar las 30 hectáreas, carece además de las garantías de restauración necesarias y afecta también a cursos de agua y zonas protegidas sin las preceptivas autorizaciones del organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica Miño-Sil)", dicen.
A pesar de esta situación, la empresa viene de presentar un proyecto de ampliación de la cantera que fue admitido a trámite por la Administración. Adega y la comunidad de montes consideran "inaceptable" avanzar en esta tramitación mientras persisten incumplimientos graves, y advierten de que la ampliación supondría duplicar la ocupación del monte y afectar hábitats de interés comunitario, así como recursos hídricos fundamentales para la zona.
En la mañana de hoy, representantes de la comunidad de montes, acompañados por Adega, trasladaron directamente estas preocupaciones a la Sección de Minas de la Consellería en Lugo, y reclamaron mayor agilidad en las denuncias presentadas y la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores.
Tanto Adega como el vecindario insisten en que no se puede autorizar la ampliación de una actividad que ya está incumpliendo la legalidad vigente y reclaman a la Administración que actúe en defensa del interés general, paralice la explotación y suspenda la tramitación del proyecto.