Diputación de Lugo y Fegamp alertan de la presión sobre los ayuntamientos con la nueva ley de Administración Local
La presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, recibió este martes al presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP), Alberto Varela Paz, en el marco de la ronda de contactos institucionales que está haciendo desde que tomó posesión como mandataria provincial la primeros de año. La reunión de trabajo tuvo lugar en el despacho de la Presidenta, y sirvió para analizar el estado de un municipalismo gallego “a lo que si le pide cada vez más y si le da cada vez menos”.
“Los problemas que afrontan los ayuntamientos gallegos son problemas estructurales que tienen que ver con el modelo de administración que queremos para Galicia. Con quien toma las decisiones. Con quien pone el dinero. Y con quien acaba pagando las consecuencias cuando el dinero no llegan”, valoró Carmela López en la comparecencia posterior ante los medios de comunicación.
Informó a la Presidenta que abordaron cinco asuntos que sirven para diagnosticar estado del poder local: el anteproyecto de Ley de Administración local, la digitalización, el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), la falta de vivienda pública y la prevención de los fuegos forestales.
“Venimos de presentar nuestros alegatos al anteproyecto”, anunció la Presidenta que especificó que la institución provincial presentó más de 20 objeciones concretas a un documento de 25 páginas porque “en nuestra opinión, no hace el que promete”. En ese sentido, Carmela López destacó que la norma, que prometía “fortalecer el municipalismo gallego” el que hace en realidad es “cargar a los ayuntamientos y a las diputaciones con más deberes, dejarlos con los mismos recursos de siempre y reducir su capacidad de decidir. Eso no es fortalecer, es debilitar”.
Dejó claro que la Diputación de Lugo cree en la necesidad de una reforma “urgente”, porque la Ley en vigor es de 1997, “pero necesita una ley hecha con rigor, con participación real de las entidades locales y con honestidad sobre el que nos va a costar. Este texto no cumple ninguna de las tres condiciones”. Denunció que no tuvo un período de consulta previa como exige la ley y “que no hay informes económicos que expliquen cuanto cuestan las nuevas competencias”.
Subrayó que “hay artículos que permiten delegar competencias propias en las diputaciones o que abren la puerta a fusionar ayuntamientos de forma forzosa”. “La Diputación de Lugo va a estar del lado de los ayuntamientos frente a esta presión. Los ayuntamientos pequeños de nuestra provincia están en descampado declive demográfico. No pueden ser objeto de una reforma que los ignora o que los trata como un problema de eficiencia administrativa”, denunció. En ese sentido, el texto propuesto por la Xunta introduce nuevas exigencias en digitalización, administración electrónica, uso de inteligencia artificial y una gestión más compleja de servicios públicos. Pero muchos no tienen los recursos técnicos ni personales para asumir estos deberes.
Precisamente, en el que tiene que ver con la digitalización, la Presidenta destacó que la Diputación “apoya activamente la modernización tecnológica de las administraciones locales” y avanzó que en la próxima Junta de Gobierno de la institución provincial renovarán la adhesión al convenio con el Gobierno gallego y con la FEGAMP para el uso de herramientas digitales. “Un ejemplo de como debe funcionar la colaboración interadministrativa: la Xunta pone los recursos, las entidades locales los usamos de forma voluntaria, sin cargas adicionales. Ese es el modelo que defendemos y que no es el de este anteproyecto”.
Déficits estructurales en el SAF, vivienda y prevención de fuegos
En la reunión se abordaron también cuestiones que arrastran déficits estructurales como el Servicio de Ayuda en el Hogar, la vivienda o la prevención de fuegos. En lo que respecta al SAF, señaló Carmela López que es un servicio esencial que los ayuntamientos están obligados a prestar, pero que la Xunta financia de forma insuficiente. Indicó que el acuerdo entre la Xunta y la FEGAMP supone un paso, pero que incluso en el 2028, tras tres años de subidas progresivas, “seguirá existiendo una brecha de seis euros por hora entre el que la Xunta pagada y el que realmente cuesta este servicio”.
Destacó que, en el que tiene que ver con la vivienda, la Xunta tiene competencia exclusiva, tiene herramientas para actuar y tiene financiación estatal disponible, pero recalcó que “en el 2025 dejó sin ejecutar el 90% de los fondos destinados al acceso a la vivienda”. Una inacción que “no es un problema técnico, es una decisión política”. Y avanzó que mañana lo tratará con Alfonso Rueda en la reunión que mantendrá con el Presidente de la Xunta en Santiago.
Además, destacó que Lugo lleva años conviviendo con la amenaza de los incendios forestales, porque tiene una población dispersa, núcleos rurales pequeños, una gran superficie forestal y ayuntamientos que no tienen ni los medios ni el personal para gestionar solos las fajas de protección alrededor de las viviendas, núcleos de población o infraestructuras en las que es obligatorio limpiar y gestionar la vegetación para reducir el riesgo de incendios. En ese sentido recordó que la FEGAMP rechazó en diciembre el borrador de convenio que propuso la Xunta, “e hizo bien, porque este borrador no recogía el que los ayuntamientos necesitan: más cobertura y financiación”.
Por su parte, Alberto Varela destacó “la inteligencia y la empatía” de Carmela “como su mejor aliado para liderar la nueva etapa que se abre en la Diputación de Lugo” y subrayó la pertinencia de la reunión celebrada hoy en un momento “clave” para el municipalismo. En la línea de la Presidenta, destacó que la nueva Ley de Administración Local de Galicia debe basarse en una financiación incondicionada y en la soberanía municipal, apelando a la necesidad de que los ayuntamientos tengan voz propia en el diseño de la norma.