El Juzgado da la razón al Sindicato Lagrego Galego frente a una pizarreira de A Pastoriza
El Juzgado del Contencioso-Administrativo Nº2 de la ciudad de Lugo viene de desestimar la demanda interpuesta por la empresa Pizarras Universal S.L. contra el Sindicato Lagrego Galego-Comisiones Labradoras (SLG-CCLL) y la Consellería de Economía, Industria e Innovación. El motivo de la denuncia fue la solicitud de información realizada por el SLG sobre la concesión minera Mondoñedo Fracción Segunda, situada en el ayuntamiento de A Pastoriza, titularidad de la citada empresa.
Como explica el sindicato, la empresa pretendía impedir el acceso a esta información alegando falta de interés legítimo por parte del sindicato e invocando el carácter confidencial de los datos solicitados. Sin embargo, el Juzgado rechazó estos argumentos, recordando que los motivos para denegar el acceso a la información deben interpretarse de forma restrictiva. La sentencia también condena la empresa al pago de las costas procesales, con un importe de 500 euros.
El auto del tribunal destaca el marco legal que avala la actuación del SLG, haciendo referencia a la Instrucción 6/2018 de la Dirección General de Energía y Minas, publicada en el DOG de 20 de agosto de 2018. En ella se reconoce que el sector minero es especialmente sensible a las demandas de transparencia ciudadana por las importantes repercusiones económicas, sociales y ambientales que puede suponer esta actividad. La misma instrucción señala también la complejidad técnica y administrativa de esta materia, así como su prolongada vigencia en el tiempo.
Esta resolución judicial se produce en un contexto en el que se está observando una preocupante reducción de los derechos ciudadanos en lo tocante al acceso a la información y a la capacidad de respuesta frente a proyectos industriales y energéticos que cuentan con financiación pública, pero que suelen implicar serios impactos en el territorio y en la salud de las personas.
De hecho, en el caso de Pizarras Universal, la empresa está actualmente inmersa en un expediente sancionador abierto por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil debido a vertidos de aguas residuales sin autorización en sus instalaciones de Xemil (Bretoña). Estos hechos fueron denunciados por el SLG, que también presentó diversas denuncias ante el Seprona por otras presuntas irregularidades en esta cantera.
Desde el Sindicato Lagrego Galego denuncian que "medidas como la reducción de los plazos de exposición pública, las dificultades para presentar alegatos o las expropiaciones forzosas amparadas en figuras como la de Proyecto Industrial Estratégico (PIE), responden a una lógica capitalista que prioriza los intereses empresariales por encima de la protección ambiental y de los derechos de la ciudadanía. En este sentido, el SLG advierte sobre el papel que tienen leyes como la Ley 5/2017, la Ley 9/2021 o la reciente Ley 2/2024 en el avance de esta tendencia".
A pesar de eso, desde el sindicato valoran positivamente que los tribunales pongan freno "a los abusos empresariales", como destaca Margarita Prieto Contento, responsable de la lucha contra lo acaparamiento de tierras en el SLG: “Esta resolución demuestra que estas empresas están dispuestas a todo por acaparar tierras, pero también que la lucha colectiva y organizada puede hacerles frente, por muy grandes que sean”.
El Sindicato Lagrego Galego reafirma su compromiso de continuar luchando en defensa del medio rural, "apostando por modelos productivos sostenibles y respetuosos con el territorio, como la agricultura y la ganadería ecológica, que contribuyan a un desarrollo rural vivo y dinámico".