El Pleno de As Pontes se une para la protección del parque de Os Carbóns

El pleno del Ayuntamiento de As Pontes acordó este jueves por unanimidad solicitar a la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia la suspensión cautelar de las obras de desmantelamiento de las instalaciones de la antigua central térmica de Endesa. La iniciativa se centra especialmente en la protección del Parque dos Carbóns, ante la posibilidad de que esta infraestructura sea declarada Ben de Interés Cultural.
La propuesta contó con el apoyo del gobierno municipal, del PSOE, así como de los grupos de la oposición, BNG y PP, y de la Plataforma para la Defensa del Patrimonio Industrial de As Pontes. No acuerdo plenario se instaba a la Dirección General de Patrimonio a acelerar la tramitación del expediente iniciado el pasado mes de diciembre y a emitir una orden inmediata de paralización de los trabajos de derribo.
Desde la plataforma explican que el objetivo principal es evitar daños irreversibles en el complejo mientras no se determine oficialmente se reúne los valores históricos y culturales necesarios para su protección legal. Consideran clave ganar tiempo para garantizar una evaluación rigurosa del patrimonio industrial existente.
El debate plenario dejó también espacio para las discrepancias políticas. El Partido Popular recordó que fue el propio Ayuntamiento quien concedió en su momento a licencia de demolición de las instalaciones, excepto la chimenea, mientras que el BNG puso en valor su trabajo continuado en la defensa del patrimonio industrial local.
Ante las intervenciones cruzadas, el alcalde apeló a la responsabilidad y a la necesidad de avanzar con rapidez, señalando que el importante ahora es centrar los esfuerzos en el que está por hacer y no en el ya sucedido. La prioridad, indicó, pasa por establecer una interlocución eficaz con la Xunta para garantizar la protección provisional de las instalaciones.
Xosé Bieto Coello, integrante de la Plataforma para la Defensa del Patrimonio Industrial de As Pontes, confirmó que el acuerdo implica solicitar formalmente a Patrimonio una orden de paralización cautelar mientras se analiza el expediente. Aunque se mostró prudente con los plazos administrativos, destacó de manera positiva el consenso institucional alcanzado alrededor de esta demanda.