El Pleno de la Diputación acuerda reclamar a la Xunta que asuma su compromiso con las personas mayores
El Pleno de la Diputación de Lugo acordó este martes reclamar a la Xunta de Galicia que asuma su compromiso con la atención a las personas mayores de la provincia tras 15 años de abandono. En la sesión común del mes de mayo celebrada esta mañana se puso de manifiesto que es la institución provincial a que está cubriendo las necesidades del territorio en materia de residencias y en ese sentido, los grupos políticos acordaron demandar al Gobierno gallego que se haga cargo de sus responsabilidades en esta materia. La iniciativa del Gobierno salió adelante con los votos a favor del PSdeG y del BNG, y en contra del PP.
En referencia a las 24 residencias que anunció el presidente de la Xunta, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, reclamó antes de la sesión plenaria que se destinen “como mínimo” seis centros a la provincia, que son los que le correspondería por criterios de proporcionalidad territorial. Apuntó a las declaraciones de Rueda para criticar que la provincia de Pontevedra vaya a ser la mayor beneficiaria de ese reparto, explicando que “la provincia Lugo tiene menos población y por lo tanto interesa menos a las empresas privadas. Las Administraciones tenemos que llegar donde no llegan las empresas privadas, y garantizar la igualdad de oportunidades y servicios a los ciudadanos con independencia de donde residan”. Propuso además la colaboración institucional para coordinar la situación de las nuevas residencias en la provincia, para encontrar los ayuntamientos más idóneos y donde puedan prestar un mejor servicio.
La portavoz socialista del Gobierno, Pilar García Porto, recordó que “Galicia está a la cola del Estado en cuanto a plazas públicas en residencias de mayores, con un porcentaje del 41%, frente a una media estatal que supera el 60%, y con un déficit estimado de 14.000 plazas”, según los informes de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. “Somos nosotros, los gobiernos progresistas, los que estamos atendiendo las demandas de los ayuntamientos y de nuestros mayores, cubriendo las carencias de la Xunta de Galicia en materia asistencial”, subrayó. Incidió que en los últimos años a Diputación abrió nueve residencias en los ayuntamientos de A Fonsagrada, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Trabada, Castroverde, Ribadeo, Meira, Navia de Suarna y Ribas de Sil, “acercando más de 300 plazas públicas, mientras que el Gobierno gallego no incorporó ninguna”.
Indicó la diputada en su intervención que Rueda apuesta por seguir el modelo provincial: centros de pequeño tamaño, próximos al lugar de residencia de las personas usuarias, “algo que garantiza su calidad de vida y facilita la conciliación de sus familias”.
Salud Mental
El Pleno también sacó adelante, a pesar de los votos en contra del PP, una moción socialista instando a la Xunta a garantizar la atención a las personas con problemas de salud mental. “Hay 1.000 lucenses que llevan más de 6 meses esperando por una cita con el especialista, son dos tercios del total de los pacientes gallegos en larga espera”, señaló la Portavoz socialista del Gobierno, Pilar García Porto, quien defendió la iniciativa en la que reclama al Gobierno gallego más personal, inversiones y la reducción de las listas de espera.
Indicó que, en diciembre del año pasado, “en Galicia había 9.390 personas esperando por una primera consulta de salud mental, con una media de espera de 87 días, el doble que antes de la pandemia”. Segundo explicó García Porto, en la provincia de Lugo la situación es aún más crítica, tanto por la elevada tasa de suicidios -16 casos por cada 100.000 habitantes- cómo por la limitada disponibilidad de recursos, ya que, aclaró, “la provincia solo dispone de tres centros de atención en salud mental, que están situados en Lugo, Monforte de Lemos y Burela”.
El texto de la moción aprobada reclama además que la Xunta garantice las inversiones comprometidas en el Plan de Salud Mental de Galicia; impulse la contratación de psicólogos clínicos y personal de apoyo para reforzar los Centros de Salud Mental; y suela medidas para reducir las listas de espera, incluyendo la puesta en marcha de una línea de atención rápida para los casos más graves, especialmente aquellos con riesgo potencial de suicidio.
El PP denuncia que PSOE y BNG siguen abandonando a los mayores de la provincia
“PSOE y BNG siguen negando la atención prometida a los vecinos de la provincia”. Así de contundente se mostró el portavoz provincial popular, Antonio Ameijide, después de ver como tanto PSOE como BNG votaron en contra de poner en servicio las 153 plazas de atención a mayores en los ocho centros de día provinciales (Trabada, Castroverde, A Fonsagrada, Pol, Ribas de Sil, Navia de Suarna, Meira y Pedrafita do Cebreiro) que están cerrados desde 2019.
Antonio Ameijide recuerda como esas 153 plazas comprometidas y que no se ponen en servicio “son un servicio fundamental para garantizar la conciliación de muchas familias lucenses":
- Trabada, 20 plazas, sin poner en servicio desde el año 2019
- Pol, 18 plazas, sin poner en servicio desde el año 2019
- A Fonsagrada, 20 plazas, comprometidas desde el año 2020
- Castroverde, 24 plazas, comprometidas desde el año 2021
- Pedrafita do Cebreiro, 20 plazas, comprometidas desde el año 2021
- Navia de Suarna, 20 plazas, comprometidas desde el año 2021
- Meira, 20 plazas, comprometidas desde lo 2021
- Ribas de Sil, 11 plazas, comprometidas desde 2023
Antonio Ameijide recuerda que estos centros de día provinciales deberían de tenerse puesto en funcionamiento al mismo tiempo que las residencias, algo que no se produjo “provocando un perjuicio a toda la provincia ya que se trata de un servicio prometido y comprometido por PSOE y BNG que niegan a toda el vecindario”.
Una situación que supone que estas infraestructuras construidas con recursos públicos lleven años infrautilizadas; ya que, si bien fueron concebidos para acoger residencias y centros de día, a día de hoy siguen sin prestar este último servicio.
Antonio Ameijide lamenta que “los centros de día sigan sin abrirse” ya que se trata de un servicio “que tendría un coste mínimo para las arcas provinciales”. “El coste para la Diputación sería mínimo, poco más del actual porque la calefacción es a misma, la luz también, los gastos de funcionamiento los mismos y casi todo el personal sería el mismo, por lo que no hablamos de un problema económico, sino de una falta total de voluntad política de PSOE y BNG”, denunció.
El BNG insta a la Xunta de Galicia a mantener la moratoria del eucalipto
El BNG sacó adelante en el pleno provincial una moción en la que insta a la Xunta de Galicia a mantener la moratoria del eucalipto hasta 2030. La diputada Iria Castro defendió la iniciativa, que reclama a la Xunta de Galicia una gestión activa del monte que garantice la creación de riqueza y empleo en el país.
“El BNG no está en contra del eucalipto, pero no podemos caminar cara un sector forestal que dependa exclusivamente de esta especie, porque eso podría suponer una bajada del precio y un peligro en el caso de una plaga similar a la que sufren ahora los pinos”, explicó.
La diputada nacionalista recordó que “Galicia acumula el 50 por ciento de las talas de eucalipto del Estado, pero solo un 13 por ciento de la facturación y del empleo”, poniendo negro sobre blanco los defectos de la política forestal de la Xunta de Galicia.
“El que pedimos con esta moción es que se pongan en marcha los mecanismos ya establecidos en las normas y en los planes estratégicos diseñados por la propia Junta de Galicia y se mire de una manera positiva e innovador para el sector forestal”, concluiu la diputada.
La moción, aprobada con los votos de BNG y PSdG, contempla el mantenimiento de la moratoria del eucalipto en el marco de otras demandas para desarrolla un monte funcional y que genere riqueza y empleo , apostando por la ciencia la e innovación para solucionar problemas como de sanidae vegetal como la mancha del pino y por actividades económicas que cierren el ciclo productivo de la madera en el país.