Los populares defienden en Friol los alegatos sobre el lobo como especie protegida
Los populares lucenses piden al Gobierno central que tengan en cuenta los alegatos presentadas por las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y los sindicatos agrarios al proyecto de orden ministerial promovido por el Ejecutivo de Sánchez de incluir todas las poblaciones de lobo de España en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe).
En el marco del procedimiento de consulta pública previa de la dicha orden, expresan el absoluto rechazo ante esta medida que consideran “injustificada, innecesaria e inoportuna”, por lo que solicitan, una vez más, al Estado que desista de su tramitación.
Así lo indicaron el vicesecretario de Participación del PP, Jaime De Olano, y la presidenta provincial, Elena Candia, acompañados del diputado en el Congreso, Joaquín García Díez, del senador, José Manuel Barreiro, del diputado autonómico y presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Montes del Parlamento de Galicia, Daniel Vega, del portavoz del Grupo Provincial, Javier Castiñeira, y del diputado provincial y alcalde de Friol, José Ángel Santos, que conocieron in situ como afecta las ganaderos esta norma durante la vista a la comunidad de montes vecinales de Carballo que cuenta con 700 hectáreas de monte en las que creían caballos, cabras y cerdos de la raza celta. Segundo manifestó el presidente, *Ángel Buján, “en los últimos años tuvimos más de 200 pérdidas por mor del lobo”.
Los populares dieron cuenta de las iniciativas llevadas a cabo tanto en el Congreso, como en el Senado, en el Parlamento de Galicia, en los Ayuntamientos y en la Diputación por su formación para que el Ejecutivo de Sánchez reconsidere la decisión que conlleva la protección de este animal. Fue, precisamente, en esta última administración donde el PSOE se opuso a la iniciativa del PP, “demostrando con eslabón que los intereses de su partido están por encima de los de los ganaderos de la provincia”, recordó Castiñeira.
Y es que, de llevarse a cabo, esta sería una medida que atacaría directamente a la ganadería extensiva, actuando de forma “autoritaria, arbitraria y antidemocrática”, apuntó De Olano.