Vicepresidencia acusa a la Xunta de retrasar la protección de la Torre de Caldaloba al recurrir la vía judicial contra la compra
La situación de la Torre de Caldaloba, en el ayuntamiento de Cospeito, volvió este jueves a la actualidad por la falta de acuerdo entre las tres administraciones implicadas —Xunta, Diputación y Ayuntamiento—, que mantiene paralizado desde 2022 el proceso de recuperación de este monumento histórico, declarado Ben de Interés Cultural (BIC) en 1994. La propiedad de la fortaleza está dividida a partes iguales entre la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento de Cospeito, tras la compra realizada por ambas entidades en 2022.
El vicepresidente de la Diputación, Efrén Castro, y la diputada de Cultura, Iria Castro, acusaron a la Xunta de Galicia de “dilatar una vez más” la protección y puesta en valor de este bien patrimonial al presentar una demanda de retracto sobre la compra de la parcela en la que se encuentra la mitad oeste de la torre y la parte principal de su sistema defensivo. Esta adquisición fue realizada durante la legislatura anterior, cuando Maite Ferreiro era a responsable del área de Cultura.
Segundo explicó Iria Castro, la notificación judicial recibida “es la primera noticia que tuvimos de la Xunta desde hace casi tres años” sobre este asunto. La diputada señala que, de haber existido interés real por la adquisición y conservación de la torre, la Xunta podría haber actuado en tiempo y forma ejerciendo el derecho de tanteo o retracto por vía administrativa, tal y como le permite la Ley de Patrimonio.
Los representantes de la Diputación critican que la Xunta optara por la vía judicial en un momento en el que tanto la institución provincial como el Ayuntamiento estaban dispuestos a negociar una gestión pública unificada de la torre, “siempre que fuera acompañada de un plan serio de puesta en valor”.
Mientras tanto, la torre de Caldaloba, con más de 600 años de historia, sigue en un estado de abandono, sin avances en su recuperación y con un evidente deterioro estructural. El vecindario reclama un acuerdo inmediato entre administraciones, ante el riesgo que supone el estado actual tanto del entorno como de la propia fortaleza para los visitantes.
El alcalde de Cospeito, Armando Castosa, recuerda que fue en 2021 cuando se inició el proceso de estudio y adquisición de la torre tras múltiples demandas vecinales y culturales. Afirma que “el objetivo siempre fue a adquirir el monumento para ponerlo en valor”, e insiste en que hay un expediente público que avala el proceso de compra municipal, apoyado económicamente por la Xunta.
La Diputación, por su parte, adquirió la otra mitad de la torre “a un precio más elevado y con ciertas dudas sobre el procedimiento”, según Castosa. Desde Vicepresidencia argumentan que esa compra se realizó “porque la Xunta no tenía intención de actuar”, y que su interés solo apareció después de la operación de la Diputación.
Al tratarse de un BIC, la Diputación no pudo completar la inscripción de la compra en el Registro de la Propiedad, lo que complica cualquier intervención en el monumento. La falta de coordinación entre las administraciones, acompañada de acusaciones mutuas, impide avanzar hacia una solución definitiva.
“Llevamos años de bloqueo, con silencio por parte de la Xunta ante todas las propuestas hechas desde Cultura y evasivas políticas, sin responder a ninguna de las solicitudes de reunión con la Consellería”, denuncia Iria Castro. Asegura que desde la Diputación actuaron siempre “con el objetivo de incorporar la torre al patrimonio público e impulsar un proyecto de recuperación y valorización acorde a su valor histórico y simbólico para Galicia”.
Además, durante 2023, el área de Cultura de la Diputación solicitó en dos ocasiones autorizaciones a la Dirección General de Patrimonio para actuaciones de conservación y estudio en la torre, sin obtener respuesta: una el 23 de febrero para trabajos de estabilización y consolidación, y otra el 5 de diciembre para sondeos arqueológicos e instalación de elementos de protección en el pozo junto a la fortaleza.
También se presentó una propuesta al programa del 2% cultural del Gobierno del Estado con una inversión de 868.000 euros para investigación, conservación y consolidación de la Torre de Caldaloba, que fue desestimada en diciembre de 2024 debido, segundo denuncian, al bloqueo institucional existente.