Xunta y Ayuntamiento acusan a la Diputación de bloquear la recuperación de la Torre de Caldaloba
El delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, y el alcalde de Cospeito, Armando Castosa, explicaron que la Diputación de Lugo no pudo registar la compra de parte de la Torre de Caldaloba, en Cospeito, debido a un proceso irregular y malitencionado en el que ignoraron el derecho de tanteo ejercido en plazo por el Gobierno gallego.
El delegado aclaró que, al contrario del que la Diputación intenta aparentar, “en este asunto fue siempre por detrás de la Xunta y del Ayuntamiento, y se inmiscuyó en un proceso que teníamos en marcha con el único afán de enredar y torpedearlo desde lo primero momento”.
Hace falta recordar que la Xunta y el Ayuntamiento habían redactado un convenio de colaboración el 25 de febrero del 2022 para la adquisición del 100% de este Ben de Interés Cultural, que fue firmado el 6 de junio; de hecho, Castosa señaló que el Ayuntamiento ya había llegado a un acuerdo para comprar dos de las tres propiedades particulares en las que se encuentran la torre y el foso defensivo.
Pese a tener conocimiento de este proceso, la Diputación acordó la compra de la tercera hinca -propiedad de dos personas-, lo comunicó a la Xunta el 4 de agosto del 2022 y formalizaron la escritura de compraventa el 21 de octubre del mismo año, sin esperar la que habían transcurrido los tres meses de plazo establecidos en el artículo 49 de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia para ejercer el derecho de tanteo.
El Gobierno gallego ejerció este derecho en debida forma y plazo el 3 de noviembre, dando traslado a la Diputación, al Ayuntamiento de Cospeito y a los propietarios implicados. La confirmación de que la venta se había consumado antes de tiempo llegó por el recurso de estos últimos, alegando que ya no ostentaban la titularidad, dado que el Gobierno provincial en ningún momento comunicó esta cuestión fundamental.
Aunque la Diputación sabía del ejercicio por parte de la Xunta del derecho de tanteo, intentó inscribir el bien en el Registro de la Propiedad de Vilalba; sin embargo, este les notificó, en fecha 22 de diciembre, que la escritura estaba “viciada de nulidad” lo que “provoca un cierre registral que impide la inscripción a favor de la Diputación”; el motivo es que obviamente no pudieron acreditar que la Xunta no había ejercido el derecho de tanteo.
El delegado indica que esta actitud “ya demuestra una forma de actuar, pero ni siquiera entonces cesaron en el empeño de poner palos en las ruedas, simulando gestionar ayudas para la torre cuando eran conscientes de que no prosperarían porque partían de una situación de nulidad de las actuaciones, y por supuesto culpando a la Xunta de una parálisis que ellos mismos habían creado”.
Puesto que ignoraron el ejercicio del derecho de tanteo, la Xunta no tuvo otra opción más que ejercer el derecho de retracto, tal y como acordó en el Consejo de Gobierno de 1 de junio del 2023, circunstancia pública y notoria.
Arias afirma que la Diputación actuó “con absoluta irresponsabilidad, porque la torre ya sería propiedad del Ayuntamiento de Cospeito y de sus vecinos, como estaba previsto, si no había sido por su interferencia; la Xunta financiaba la compra por parte del Ayuntamiento, y este sí tendría legitimidad para solicitar las ayudas y acometer las obras de rehabilitación necesarias, al ser el propietario único del 100% del bien”.
“Y ahora, lejos de desistir y dejar el camino libre, en la audiencia previa celebrada hace unos días en el juzgado, solicitaron un aplazamiento de dos meses del proceso judicial de retracto para negociar un acuerdo por lo que no parecen tener un interés real, porque no se pusieron en contacto con la Xunta”.
Arias censura a actuación de la Diputación, que considera “un recochineo a los vecinos y vecinas de la provincia” y “la constatación de que se sirven de cualquiera excusa, incluso del patrimonio cultural, para intentar obtener réditos políticos”.