Xunta y Diputación siguen sin llegar a un acuerdo sobre la gestión de Caldaloba

TerraChaXa
Según comunicó la diputada Iria Castro, seguirán adelante con el proceso judicial iniciado el pasado mes de abril
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16 Jan 2026

"La Xunta de Galicia se niega a un acuerdo con la Diputación de Lugo sobre la propiedad de la Torre de Caldaloba y seguirá adelante con el proceso judicial que inició el pasado abril", así lo indicó la diputada de Cultura, Iria Castro.

Esta explicó también que la Diputación de Lugo recibió este martes una comunicación del Juzgado sobre la postura de la Xunta de Galicia, "que sigue bloqueando las intervenciones de restauración y puesta en valor de este bien patrimonial proyectadas por la Vicepresidencia provincial tras adquirir la parte fundamental de la edificación, en 2022".

La diputada recordó que “la Xunta de Galicia no tuvo ningún interés en Caldaloba hasta que la Deputación adquirió los terrenos, hay ya más de tres años” y valoró “todos los pasos dados desde aquella por el gobierno gallego como una estrategia para retrasar indefinidamente la restauración y puesta en valor de la Torre, que sigue deteriorándose mientras la Xunta pone en el Juzgado los esfuerzos que debería poner en su protección”.

El pasado 16 de abril -tres años después de que el área de Cultura había comprado la parte fundamental de la parcela en la que se sitúa la torre a un propietario particular – la Xunta de Galicia inició una demanda contra la institución provincial por la propiedad de los terrenos.

Con el objetivo de resolver de la forma más rápida posible a situación y priorizar la restauración del bien patrimonial, el 14 de octubre, en la audiencia previa al juicio, la Diputación de Lugo solicitó la suspensión del procedimiento de demanda y el inicio de una negociación para alcanzar un acuerdo.

La propuesta de acuerdo realizada por la Diputación de Lugo pedía a la Xunta de Galicia que se comprometiera a garantizar y hacer efectiva la protección, conservación, restauración y consolidación de la Torre de Caldaloba, preservando su valor histórico y arqueológico, y que abonara a la institución provincial el precio de adquisición del bien -106.000 euros – así como los gastos de tasación, medición, registro y notaría -4.018,65 euros -.

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