El PP ve en estos seis primeros seis meses de Carmela López al frente de la Diputación "parálisis, seguidismo y dirección desde la sombra"
Los diputados del Grupo Provincial Popular hicieron balance de los primeros seis meses de Carmela López en la presidencia de la Diputación de Lugo, una etapa que comenzó tras la dimisión de José Tomé por un caso de presunto acoso sexual.
El portavoz provincial popular, Antonio Ameijide, explica que “este medio año de gestión demostró que el relevo en la presidencia fue un mero lavado de cara” y que la provincia de Lugo “sigue paralizada a causa de un pacto de gobierno condicionado por los intereses personales y partidistas que se condicionaron al apoyo de una persona investigada por presunto acoso sexual”.
Antonio Ameijide calificó la situación de “parálisis institucional” y señaló la falta de autonomía de Carmela López al frente de la institución. “Se cumplen seis meses de un cambio que no fue tal. Sin la figura de José Tomé, este gobierno sería imposible; es él quien sigue manejando los hilos en la sombra, y como muestra el convenio de 1.800.000 euros que le acaba de dar o la intención de permitir que pague a sus abogados con recursos financiados con fondos públicos”, afirmó.
El portavoz popular considera inaceptable que la estabilidad política de la Diputación dependa de la influencia de quien tuvo que apartarse por la gravedad de las acusaciones. “Lugo no merece un gobierno cuyo apoyo fundamental sea una persona investigada por presunto acoso sexual. Es una falta de respeto a los lucenses y a la dignidad de nuestras instituciones”, denunció.
Frente a la debilidad del gobierno de PSOE y BNG, los diputados del Grupo Provincial Popular destacan su trabajo como la única alternativa sólida y el verdadero motor de Lugo.
En este sentido, Antonio Ameijide recordó que, a lo largo de estos seis meses, “fue gracias a la iniciativa del PP como se logró sacar adelante propuestas clave para los ayuntamientos e impulsar debates estructurales que el gobierno socialista pretendía evitar”.
Entre las iniciativas que destacan los populares están la readmisión de los trabajadores de Suplusa que se derivaron hace años a Tragsa, tras una victoria judicial del PP en el Tribunal Supremo; la residencia de Becerreá, donde PSOE y BNG tienen que atender las demandas formuladas por los vecinos, el Ayuntamiento de Becerreá y el Grupo Provincial Popular, así como cumplir con una resolución judicial que avala la puesta en funcionamiento de estas instalaciones; o la conservación de las carreteras provinciales, entre otros asuntos.
“Durante los últimos meses no les dejamos otro remedio que modificar el rumbo”, destacó.
Antonio Ameijide reivindicó que “mientras el bipartito se dedica a recomponer sus frentes internos y a acatar las directrices que vienen dictadas desde la sombra, en el Grupo Popular seguimos marcando el ritmo de las decisiones clave para la provincia. Nosotros sí tenemos un proyecto libre, centrado única y exclusivamente en resolver las necesidades reales de los vecinos de Lugo”, sentenció.