El PSdeG exigirá en el Pleno de la Diputación de Lugo que la Xunta financie la red provincial de residencias
El PSdeG llevará al próximo Pleno de la Diputación, que se celebrará el martes en el Pazo de San Marcos, dos mociones para exigir a la Xunta que asuma sus responsabilidades en la atención a las personas mayores y en la educación pública. Reclamarán residencias de titularidad y gestión 100 % públicas, financiación para la red provincial y los recursos docentes que demanda la comunidad educativa del CEIP Virxe do Corpiño de Begonte.
La primera moción reclama a la Xunta que abandone la privatización como vía preferente en la atención a los mayores, apueste por un modelo de residencias 100 % público y asuma la financiación que le corresponde en la atención residencial en la provincia de Lugo.
La portavoz socialista, Pilar García Porto, señala que Lugo es una de las provincias más envejecidas de Galicia —el 33,7 % de su población supera los 60 años— y, al mismo tiempo, la que cuenta con menos plazas residenciales de la comunidad.
Porto recuerda que “la atención a las personas mayores y dependientes es, por ley, una competencia de la Xunta, pero el PP lleva más de dos décadas sin construir una sola residencia pública en esta provincia”. Ante este vacío, explica, la Diputación asumió una responsabilidad que no le corresponde y hoy cuenta con nueve residencias públicas en funcionamiento y otras ocho en construcción o proyectadas, con 47 millones de euros movilizados entre 2019 y 2026.
El PSdeG contrapone este modelo —de titularidad, dirección y gestión públicas y precios progresivos según la capacidad económica— al plan de Rueda, que abre hasta el 40 % de las plazas a la gestión privada. Denuncia que la propuesta autonómica no garantiza el acceso de los vecinos a las residencias en su propio municipio, no prevé obras antes de 2027 y no contempla ningún centro en el municipio de Lugo.
Porto recuerda que la Diputación aporta alrededor de 2,5 millones de euros anuales a la red con un presupuesto de 135 millones para todas sus competencias, mientras la Xunta dispone de 1.473 millones solo para servicios sociales. Por eso, la moción reclama una transferencia finalista autonómica que cubra esa aportación y más inversión en la creación y el mantenimiento de plazas públicas. Exige también a la Xunta que publique los criterios técnicos de selección de los ayuntamientos del nuevo plan, garantice la titularidad pública de todas las plazas y concrete presupuestos y fechas de ejecución. Además, demanda una colaboración leal con la Diputación, sin difundir informaciones falsas sobre la red provincial.
Apoyo a las familias y al colegio de Begonte
La segunda moción insta al Gobierno gallego a atender las demandas de la comunidad educativa del CEIP Virxe do Corpiño de Begonte, donde la falta de profesorado y la organización de las aulas de infantil provocaron las protestas de las familias. Para García Porto, “la situación de Begonte concentra una sucesión de despropósitos en materia educativa difícil de igualar”. La portavoz reprocha al Gobierno de Rueda que agote la paciencia del alumnado, de las familias y de los profesores.
El centro cuenta con 27 niños y niñas de infantil distribuidos en dos aulas multinivel de 3, 4 y 5 años, cómputo que asciende a 29 al aplicar el criterio correspondiente al alumnado con necesidades educativas especiales. El PSdeG denuncia que esta distribución supera las ratios fijadas por la propia Xunta y reclama recursos para desdoblar la etapa.
La formación considera especialmente grave que se les trasladase presuntamente a las familias movilizadas la intención de acudir a la Fiscalía de Menores por la ausencia de sus hijos e hijas a las clases. “Esto supone criminalizar a unos padres y madres que solo quieren lo mejor para sus hijos y evidencia cómo el PP pretende instrumentalizar las instituciones para darle la vuelta a la realidad y tapar sus deficiencias de gestión”, denuncia Porto.
La propuesta reclama profesorado suficiente, el desdoblamiento de infantil y un refuerzo de Pedagogía Terapéutica que garantice atención efectiva y suficiente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en infantil y en primaria, sin desatender una etapa para cubrir la otra.
Pilar García Porto enmarca ambas iniciativas en una misma política de abandono del PP: “Siguen criticando el modelo de residencias de la Diputación en lugar de cumplir con sus competencias. Esta es la política social y educativa de Rueda: dejar que otras administraciones sostengan los cuidados y obligar a las familias a movilizarse para conseguir profesorado. Los derechos no pueden depender del ayuntamiento en el que se viva ni del color político de quien lo gobierne”, concluye.