El reglamento de las casas de acompañamiento de mayores de la Diputación de A Coruña llega al pleno provincial
La Diputación de A Coruña llevará al pleno provincial la propuesta para definir el modelo de funcionamiento de la futura Casa de Acompañamiento a Personas Mayores (CAM) Pardo Bazán de los Puentes, la primera CAM de una red que también dispondrá de centros en Órdenes y Rianxo y que combina innovación en el sistema de cuidados con un compromiso claro: garantizar precios públicos accesibles, adaptados a la realidad económica de las personas usuarias.
Uno de los pilares fundamentales del modelo será la política de precios, que seguirá criterios propios de los servicios públicos. La Diputación apuesta por situar las tarifas de las CAM en el entorno del promedio de los centros públicos, alejándose de los precios del mercado privado -que con frecuencia superan los 3.000 euros al mes- e incorporando sistemas progresivos que tengan en cuenta los ingresos y la capacidad económica de cada persona.
Los modelos públicos apuestan por sistemas más equilibrados. En el caso de la Xunta de Galicia, las personas usuarias contribuyen al costo del servicio en función de su capacidad económica, llegando a abonar alrededor del 75 % de sus ingresos más un porcentaje del patrimonio, siempre preservando una parte para gastos personales.
Por su parte, la Diputación de Lugo aplica un modelo progresivo en sus Centros de Atención al Mayor, con un sistema de precios que se adapta a las rentas de las personas usuarias. Las tarifas máximas se sitúan entre los 1.750 euros para personas no dependientes y los 2.200 euros para dependientes, pero estas cantidades se reducen significativamente según los ingresos. Así, por ejemplo, una persona con una pensión no contributiva puede llegar a pagar alrededor de 545 euros al mes, manteniendo recursos suficientes para el suyo día a día.
Un modelo similar al de la Diputación de Lugo
El sistema aplicado por la Diputación de Lugo es similar al que aplicará la Diputación de A Coruña, con precios en los que la aportación económica de las personas usuarias será proporcional a su capacidad económica, garantizando que nadie quede fuera por motivos económicos y que todas las personas dispongan de un mínimo para sus gastos personales. Los precios medios de las CAM de la Diputación serán inferiores al promedio nacional y gallego, y sobre ellos se descontará en función de los ingresos de la persona usuaria, de forma progresiva. Cuanto menor sea la pensión, menos se pagará por la plaza residencial.
El presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de los Puentes, Valentín González Formoso, destacó que “el carácter público de este modelo se refleja también en la política de precios, que busca ser justa, equilibrada y accesible para todas las familias”. Segundo explicó, “no se trata solo de ofrecer un buen servicio, sino de asegurar que ese servicio esté al alcance de todas las personas”.
Más allá del aspecto económico, la propuesta define un modelo de cuidados centrado en las personas, basado en la convivencia, en la autonomía y en el bienestar emocional. Las CAM se configuran como unidades de vida compartida organizadas en pequeños hogares, favoreciendo las relaciones sociales con el entorno en la que se ubican y evitando el aislamiento de las personas mayores.
En el plano organizativo, el modelo combina la especialización en la prestación del servicio con un control público exhaustivo. La gestión se realizará mediante concesión, mientras que la Diputación mantendrá un seguimiento continuo de la calidad y del funcionamiento a través de mecanismos de control administrativo y financiero.
La propuesta de gestión que se lleva mañana al pleno de la Diputación de A Coruña incluye también el desarrollo de un estudio de viabilidad económico-financiera y del reglamento del servicio, que concretarán definitivamente el sistema de precios y las condiciones de acceso.
Con esta iniciativa, la Diputación de A Coruña avanza en la construcción de un modelo de cuidados más próximo, personalizado y socialmente justo, en el que la calidad de la atención y la accesibilidad económica forman parte de un mismo compromiso público.