La Fiscalía investigará a la Xunta por presuntas ilegalidades para favorecer una mina en Muras

TerraChaXa
Organizaciones sociales denuncian a tres directores generales y funcionarios de la Consellería de Industria por posibles delitos de prevaricación en la concesión de permisos
Imaxe de Margarida Prieto Ledo, coordenadora da loita contra o acaparamento de terras
12 Nov 2024

El proyecto minero de San Acisclo, en Muras, Lugo, promovido por la empresa Materiales Cerámicos Materias Primas, S.L. del grupo Urbas, será objeto de una investigación por parte de la Fiscalía tras una denuncia presentada por la Fundación Montescola y el Sindicato Labrego Galego (SLG-CCLL). Ambas organizaciones solicitan que se investigue a tres directores generales de la Consellería de Economía, Industria e Innovación, así como a otros funcionarios que podrían estar implicados en una serie de irregularidades administrativas destinadas a favorecer la concesión minera.

Esta solicitud a la Fiscalía llega después de una contundente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), emitida en septiembre, que anuló la autorización minera concedida por la Xunta. El TSXG determinó que la Consellería cometió múltiples infracciones al ignorar informes técnicos que advertían sobre la caducidad de las concesiones y al no someter el proyecto a la evaluación ambiental correspondiente. El Tribunal calificó estas actuaciones como una violación flagrante de la legalidad, señalando que no se respetaron los principios de sujeción a la ley y al derecho exigidos a las administraciones públicas.

Las organizaciones sociales sostienen que esta actuación podría constituir un delito continuado de prevaricación y consideran que la Xunta actuó en “connivencia administrativa” con la empresa minera para facilitar el proyecto, pese a las advertencias sobre sus riesgos ambientales. Según denuncian, el proyecto minero afectaría directamente a la Red Natura 2000 y a terrenos de la Reserva de la Biosfera, lo que amenaza la biodiversidad de la zona y las actividades productivas locales, como la agricultura y la ganadería.

Desde el SLG denuncian que este caso es un ejemplo de las políticas de explotación de recursos naturales impulsadas por la Xunta a través de la llamada "Ley de Depredación", que, según ellos, facilita la implantación de proyectos industriales en áreas rurales sin suficientes garantías ambientales. Fundación Montescola y SLG se comprometen a seguir denunciando y luchando contra estas prácticas e instan a la ciudadanía a defender sus derechos y su entorno natural frente a proyectos que consideran expoliadores.

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