La Xunta anuncia una moratoria de dos años para las plantas de biogás ante la presión vecinal

GaliciaXa | TerraChaXa
El SLG considera insuficiente y electoralista la medida y reclama la prohibición de nuevos expedientes, mientras que el colectivo ADN Galego pide mantener la movilización y la vigilancia
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17 Nov 2026

La Xunta de Galicia ha anunciado una moratoria de dos años para la tramitación de nuevos proyectos de plantas de biogás, una decisión que llega tras meses de movilizaciones vecinales en diferentes puntos del territorio gallego contra la implantación de estas instalaciones. La medida ha sido recibida como un paso positivo por parte de colectivos sociales, aunque tanto el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) como el colectivo ADN Galego advierten de la necesidad de mantener la presión social y exigir garantías para evitar que los proyectos puedan retomarse en el futuro.

El Sindicato Labrego Galego celebra que las protestas vecinales hayan conseguido que la Xunta reconozca la problemática de estas instalaciones, pero considera que la moratoria anunciada es insuficiente y puede responder a intereses electoralistas. La organización advierte de que la medida establece una suspensión de la tramitación, pero no prohíbe la presentación de nuevas solicitudes, por lo que las empresas podrán seguir registrando expedientes durante los dos años de vigencia. Una vez finalizado ese plazo, las solicitudes acumuladas podrían activarse de manera masiva.

Otro de los aspectos que preocupa al sindicato es la excepción prevista para las instalaciones «vinculadas funcionalmente» a explotaciones ganaderas, ya que no establece un límite máximo de capacidad. Según el SLG, esta disposición podría permitir que grandes proyectos industriales se acojan a la excepción para evitar la moratoria. Como ejemplo, cita la planta promovida por Moeve en Abadín, que ya se encuentra en tramitación y prevé procesar 188.000 toneladas anuales de residuos y 175.092 toneladas de subproductos, la mayoría procedentes de fuera del municipio, según la documentación presentada por la empresa.

La organización también alerta de que la moratoria finalizará automáticamente a los dos años, incluso en el caso de que la nueva planificación del sector todavía no esté aprobada. Al tratarse de un proceso que requiere una evaluación ambiental estratégica, el sindicato considera probable que el plazo termine sin contar con una nueva regulación, lo que permitiría que los proyectos pendientes continuasen su tramitación conforme a la normativa anterior.

Por este motivo, el SLG reclama una moratoria real que se mantenga hasta la aprobación de un plan adaptado a las necesidades del medio rural gallego y que se prorrogue automáticamente si ese documento no está listo al finalizar los dos años. También pide prohibir la presentación de nuevas solicitudes, establecer límites de capacidad para las instalaciones vinculadas a explotaciones ganaderas y regular las distancias mínimas a las viviendas y a los núcleos rurales. Además, reclama garantías de participación pública y canales de diálogo con los ayuntamientos, las organizaciones sociales y la ciudadanía.

El sindicato insiste también en los posibles impactos de estas instalaciones, entre los que cita los olores, los problemas de salud pública, el incremento del tráfico de camiones y los riesgos de contaminación derivados de la gestión del digestato. Según defiende, estas plantas pueden recibir no solo purines, sino también otros residuos, como lodos de depuradora y restos de matadero. Frente a este modelo industrial, apuesta por aumentar la superficie agraria útil y apoyar el relevo generacional en las explotaciones familiares como solución a los problemas de gestión de los residuos ganaderos.

Por su parte, el colectivo ADN Galego considera que la propuesta de una moratoria de dos años es un paso positivo que permite dar algo de tranquilidad a los vecinos, pero advierte de que no debe suponer el abandono de las movilizaciones ni de la vigilancia sobre las actuaciones de las administraciones.

El colectivo recuerda que durante los últimos años se han presentado numerosos proyectos industriales para instalar plantas de biogás en diferentes municipios gallegos, iniciativas que, de salir adelante, podrían condicionar durante décadas el futuro de los municipios y de sus habitantes.

ADN Galego atribuye la preocupación social a la falta de información y a lo que califica de «oscurantismo» por parte de la Xunta durante este proceso. Esta situación, señala, ha provocado una ola de protestas y manifestaciones contra las instalaciones, que ha contribuido a que el Gobierno gallego anunciase la moratoria.

Sin embargo, el colectivo considera imprescindible seguir atento a cualquier movimiento de las administraciones y a la posible reactivación de los proyectos una vez pasen las distintas convocatorias electorales, tanto locales como generales y autonómicas.

Tanto ADN Galego como el Sindicato Labrego Galego coinciden en la necesidad de garantizar que la ciudadanía pueda acceder a toda la información, expresar su opinión y participar en las decisiones que afectan al futuro de sus municipios. Ambos colectivos defienden que la presión social debe continuar para evitar que se implanten proyectos que puedan deteriorar la calidad de vida de los vecinos y beneficiar únicamente a los intereses de determinadas empresas.

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