El PP acusa a la CHMS de presentar en Guitiriz facturas de acuerdos por la Tarifa de Utilización del Agua ya terminados
Los senadores del PP de Lugo, José Manuel Barreiro, José Manuel Balseiro y Juan Serrano, y los diputados en el Congreso, Jaime de Olano y Cristina Abades, denunciaron hoy en Guitiriz el «afán recaudador» de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), que pretende girar al Ayuntamiento de Guitiriz liquidaciones anuales por la Tarifa de Utilización del Agua (TUA) derivadas de unos acuerdos económicos ya cerrados y finalizados.
El Ayuntamiento de Guitiriz recibió una liquidación de 7.689,26 euros con fecha del 29 de abril de 2025 correspondiente al proyecto de nuevas actuaciones y saneamiento en la EDAR de Guitiriz. Para el presente año, la cuantía aprobada por la CHMS asciende a otros 7.381,69 euros.
Los parlamentarios del PP de Lugo denuncian la «anomalía jurídica y económica» que supone este cobro, dado que el convenio entre la CHMS y el Ayuntamiento de Guitiriz para dicha obra se firmó el 17 de marzo de 2022 por un importe total de 267.107,65 euros y figura ya como «finalizado».
En la respuesta ofrecida por el Gobierno central, la Confederación Hidrográfica reconoce explícitamente que la imposición de la Tarifa de Utilización del Agua para este tipo de obras específicas se debe a la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas operada a través del RD 4/2023, de 11 de mayo.
A este respecto, desde el PP de Lugo aseveran que las liquidaciones que la CHMS pretenda cobrar por convenios y obras tramitadas a partir del 11 de mayo de 2023 se encuentran en el marco de la nueva legalidad, pero resulta «inadmisible y un sablazo injustificado» pretender aplicarla a convenios anteriores como el de Guitiriz, firmado en el año 2022 y con los compromisos financieros originales ya cumplidos.
«Sorprende que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil pretenda cambiar las reglas del juego con el partido ya terminado y sabiendo el resultado», remarcan los representantes lucenses, que reprochan al organismo de cuenca que «pase de ser un órgano cooperador con los ayuntamientos a convertirse en una mera entidad recaudadora que asfixia las arcas municipales».
Los diputados y senadores recuerdan que el objetivo del Gobierno es extender el cobro de esta tarifa de manera anual durante un período de 25 años. En el conjunto de la provincia de Lugo, el impacto económico estimado de los convenios previos a la reforma de mayo de 2023 roza los 17 millones de euros, una cantidad a la que aún habrá que sumar el impacto en las zonas bajo la jurisdicción de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Los parlamentarios del PP de Lugo exigirán en el Senado, al Gobierno de España, la paralización de estas liquidaciones retroactivas y una rectificación inmediata. «Si cuando se firmó el convenio en 2022 no existía esa tasa ni figuraba en el documento, no se le puede girar ahora una nueva liquidación al Ayuntamiento de Guitiriz y a sus vecinos para los próximos 25 años», concluyeron.