El PP denuncia el cobro en Vilalba de tasas no establecidas en el convenio de la depuradora por parte de la CHMS
Senadores y diputados del PP lucense advirtieron que “el Gobierno de Sánchez pretende cobrar al Ayuntamiento de Vilalba durante 25 años por las obras de saneamiento en la depuradora una Tarifa de Utilización del Agua (TUA), tasa aprobada por el Gobierno de España en mayo de 2023, después de la firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para acometer estas obras y que, por lo tanto, no se debería aplicar en este caso”.
Los representantes de las Cortes Generales detectaron que “el Ejecutivo tiene aprobada esta liquidación para cobrar al Ayuntamiento de Vilalba en este 2026 más de 48.000 euros por este concepto”. En este sentido, los populares censuran “el afán recaudador del Gobierno de Sánchez” en lo que parece ser “el cobro a los vilalbeses para recuperar el dinero invertido en financiar unas obras en el municipio”.
Desde el PP de Vilalba consideran “inconcebible” este cobro por parte del Gobierno y exigen a la alcaldesa explicaciones sobre la decisión que pretende adoptar. “Si no estaba recogido ese pago en el convenio ni estaba en vigor esa tarifa en el momento de la firma (11/02/2022), no procede ese cobro por parte del Gobierno de España”.
Los populares señalan, además, que se trata de una cantidad importante que, de repetirse en los próximos años, compromete las arcas municipales: “cada euro que el Ayuntamiento tenga que dirigir a pagar esta tarifa al Estado, es un euro menos que dirige a prestar servicios a los vecinos o realizar otras obras en el municipio”.
Los parlamentarios del PP de Lugo entienden “la imposición de esta tarifa por obras en el ámbito del abastecimiento y saneamiento posteriores a la aprobación de la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas operada a través del RD 4/2023, de 11 de mayo; pero no para los convenios firmados anteriormente”.
Los diputados y senadores estiman que el cobro durante 25 años de esta Tarifa por la Utilización del Agua por obras ejecutadas al amparo de convenios firmados antes de mayo de 2023 entre Ayuntamientos y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil se aproxima a los 17 millones de euros. Y a estos habría que sumar el impacto por obras en Ayuntamientos bajo la jurisdicción de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Los parlamentarios del Partido Popular por Lugo exigirán en el Senado que el Gobierno de Sánchez rectifique y paralice estas liquidaciones retroactivas. “Si cuando se firmó el convenio en 2022 no existía esa tasa ni figuraba en el documento, no se le puede girar ahora una liquidación al Ayuntamiento de Vilalba y a sus vecinos para los próximos 25 años”, concluyeron.