La Diputación de A Coruña reclama que al menos la mitad del canon del agua recaudado revierta en los ayuntamientos
La Diputación de A Coruña reclama a la Xunta de Galicia un cambio en el sistema de distribución de los fondos procedentes del canon del agua y del canon de gestión de las depuradoras. El pleno provincial aprobó este jueves una moción que propone que, como mínimo, el 50 % de lo recaudado en cada ayuntamiento se destine a inversiones en el propio municipio.
La iniciativa, presentada por los grupos provinciales del PSdeG-PSOE y del BNG, contó con los votos favorables de PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños, mientras que el Partido Popular votó en contra.
La propuesta plantea un modelo de reparto basado en criterios técnicos y objetivos. Además del retorno mínimo del 50 % a los municipios donde se recaudan los fondos, reclama destinar un 30 % a un fondo de solidaridad territorial para atender las necesidades de los ayuntamientos con mayor dispersión poblacional o dificultades, y reservar como máximo otro 20 % para los gastos de gestión y mantenimiento del sistema autonómico.
Más transparencia sobre el destino de los fondos
La moción también solicita que la Xunta publique cada año un informe detallado por ayuntamientos en el que se indique cuánto se ha recaudado mediante estos tributos y qué inversiones se han realizado con esos recursos.
Los grupos proponentes reclaman además una planificación plurianual de las actuaciones para que los ayuntamientos puedan conocer con antelación las obras previstas y organizar sus propios proyectos de inversión.
El canon del agua tiene carácter finalista y está destinado a financiar actuaciones relacionadas con el abastecimiento, el saneamiento, la depuración y la protección de los recursos hídricos.
Durante el debate, el portavoz socialista, Bernardo Fernández, cuestionó la falta de información pública sobre el retorno de estos fondos y puso como ejemplos los casos de Oleiros, Boiro y As Pontes.
Según los datos expuestos en el pleno, Oleiros habría recaudado más de 9 millones de euros en doce años sin inversiones equivalentes, mientras que Boiro habría aportado alrededor de 3 millones en ocho años y As Pontes, 2,3 millones. Estas cifras fueron presentadas durante el debate de la moción y forman parte de los argumentos de los grupos que la respaldaron.
El portavoz del BNG, Avia Veira, centró la defensa de la propuesta en la necesidad de aumentar la transparencia, mejorar la planificación y garantizar un mayor equilibrio territorial. La nacionalista también destacó el papel de los ayuntamientos en la recaudación de estos tributos y reclamó que una parte de los recursos se traduzca en nuevas infraestructuras hidráulicas.
Por su parte, el portavoz de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, se refirió especialmente a la situación de Oleiros, Sada, Cambre y Bergondo y reclamó que los ingresos derivados de la gestión del agua se destinen también a mejorar las redes y los servicios municipales.
El PP defiende el carácter solidario del sistema
El Partido Popular rechazó la moción y defendió que los fondos no deben repartirse exclusivamente en función del lugar en el que se recaudan. El portavoz popular, José Manuel Caamaño, sostuvo que el actual modelo tiene un carácter solidario y que la distribución de los recursos responde a criterios técnicos.
Durante el debate, Caamaño afirmó también que la Xunta destinó 144 millones de euros en inversiones frente a los 60 millones recaudados, en referencia al conjunto del sistema.
La moción aprobada por la Diputación establece así una propuesta concreta de reparto de los ingresos y reclama a la Administración autonómica mayor información pública sobre la recaudación y las inversiones realizadas en cada municipio.
Dos declaraciones institucionales aprobadas por unanimidad
El pleno provincial aprobó también por unanimidad dos declaraciones institucionales firmadas por los cuatro grupos de la Corporación.
La primera manifiesta el apoyo de la Diputación a las familias beneficiarias de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves y reclama cambios legislativos que permitan, en determinados supuestos de discapacidad igual o superior al 65 % o gran dependencia, ampliar de manera excepcional la prestación y el permiso laboral más allá de los 26 años.
La segunda declaración expresa la solidaridad de la Corporación provincial con la situación de Ceuta y reclama coordinación entre las administraciones, recursos suficientes y garantías para la protección de los derechos humanos y la cohesión social.